Historia de la iglesia: la Casa de Beneficencia

La desamortización del convento de los dominicos.

Un cambio radical en la situación del Convento de los dominicos de Castellón se produjo como consecuencia de la legislación desamortizadora de Mendizábal de los años 1835 y siguientes.       

 El convento de  los dominicos, denominado primero de Santo Tomás y luego de Santo Domingo, no sólo estaba formado por la iglesia, el claustro y las dependencias monacales, sino que incluía también unos terrenos anexos sin edificar, que seguramente estuvieron durante mucho tiempo cultivados. En este sentido, se tiene noticias de la existencia en los primeros siglos de la fundación de un huerto anexo y de una viña en las proximidades. A raíz de la  aplicación de la legislación desamortizadora de 1835 el Estado  expulsó a los dominicos y se incautó del convento y de los terrenos anexos que aún se conservaban.  

 

Mediante Decreto de 25 de julio de 1835 (Gaceta de Madrid de 29 de julio) se resolvió que “los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos profesos (…) quedan desde luego suprimidos”, a lo que se añadía que sus “bienes, rentas y efectos de cualquier clase” se aplicarán “a la extinción de la deuda pública”.  Por Decreto de 11 de octubre de 1835 (Gaceta de Madrid de 14 de octubre) la anterior medida se extendió ya a “todas los monasterios de órdenes de órdenes monacales”. Si con estas disposiciones se suprimían los conventos y sus bienes pasaban a ser propiedad de la Nación, mediante el Decreto de 19 de febrero de 1836 (Gaceta de Madrid de 21 de febrero) se declaran en venta “todos los bienes raíces de cualquier clase que hubiesen pertenecido a las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas y los demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueran desde el acto de su adjudicación”.

De este modo, el Convento de los dominicos quedó suprimido y pasó a propiedad del Estado, en principio para su venta. Sin embargo, en este caso se hizo uso de la previsión contenida en el artículo 24 del Decreto de 9 de marzo de 1836 y de la Ley de 29 de julio de 1837, por lo que, en lugar de ser demolido y vendido, como lo hubiera sido de tener que aplicar sin más lo dispuesto en el Decreto desamortizador de 19 de febrero de 1836, se destinó a establecimiento de utilidad pública.

 Por Decreto de 26 de julio de 1842 (Gaceta de Madrid de 27 de julio) se reguló con más detalle el procedimiento a seguir para resolver sobre la “concesión de conventos solicitados para objetos de utilidad pública” (artículo 1). El Decreto autorizaba a la Junta de Venta de Bienes Nacionales para que resolviera sobre estas solicitudes. Según el artículo 4 del Decreto las concesiones serían gratuitas para solicitudes destinadas a “hospitales, hospicios, escuelas de instrucción costeadas por fondos comunes o del Estado, cuarteles de milicia nacional, cárceles, parroquias,  casas consistoriales o demás análogos”. El Decreto establecía un plazo para que los Ayuntamientos pudieran efectuar las solicitudes, pasado el cual “se procederá activamente a la vista en pública subasta (…) de todos aquellos conventos que no se hubiesen pedido o concedido” (artículo 6). En aplicación de esta última normativa, es como la  la Junta de Venta de Bienes Nacionales concedió al Ayuntamiento de Castellón el convento de los dominicos para su uso como Casa de Beneficencia.

La Casa de Beneficencia a cargo de las Hermanas de la Consolación. 

En el siglo XIX los Estados iniciaron acciones de auxilio a favor de los más necesitados. Se constituyeron así las Casas de Beneficencia, que incluían las casas de maternidad y expósitos y las de huérfanos y desamparados. En el caso de Castellón, al principio se pensó construir la Casa de Beneficencia en el  antiguo convento de San Francisco, que había sido cedido el año 1822 para esa finalidad. De hecho, el 31 de marzo de 1832 se llegó a colocar allí la primera piedra de las obras. Sin embargo, ese emplazamiento no acababa de convencer a las autoridades. Tras la desamortización de 1835 el convento de los dominicos pasó a propiedad del Estado. Y es entonces cuando el Ayuntamiento de Castellón, el 3 de diciembre de 1842, eleva  solicitud al Regente del Reino Don Baldomero Espartero, pidiendo que se concediera el convento de los dominicos para instalar en él la Casa de Beneficencia, en lugar del convento de San Francisco, solicitándose también que este último se reservase para las urgentes necesidades de la población en caso de epidemia, para cuartel o para lo que se ofreciese. Así, al final, la Casa de Beneficencia se construyó sobre terrenos pertenecientes al convento de los dominicos, mientras que el antiguo convento de San Francisco se destinó a cuartel.

Concluidas las obras de la Casa de Beneficencia, el 1 de octubre de 1860 el establecimiento pasó a pertenecer a la Diputación. El día siguiente, 2 de octubre, la Diputación Provincial de Castellón dirigió un escrito al Obispo de Tortosa solicitando que las Hermanas de la Consolación se hicieran cargo de la Casa Provincial de Beneficencia. Conforme a lo solicitado, el 25 de octubre de 1860 llega a Castellón María Rosa Molas junto a ocho hermanas para hacerse cargo de la Casa de Beneficencia.  Un año antes, en concreto el 23 de agosto de 1859, María Rosa Molas, con siete hermanas, ya se había hecho cargo del Hospital Provincial.

  Unos meses después de la revolución de 1868, en concreto el 2 de junio de 1869, María Rosa Molas recibe la orden escrita de los nuevos dirigentes de la Diputación Provincial de que ha de reducir de forma importante el número de hermanas que atendían la Casa de Beneficencia. María Rosa Molas se opuso a esta medida, indicando que esa reducción suponía el incumplimiento del contrato firmado el 24 de agosto de 1866, que preveía un plazo de preaviso de 4 meses para cualquier cambio, a lo que añadía que con sólo 8 hermanas era totalmente imposible hacerse cargo de las tareas propias de la Casa de Beneficencia. Gracias a esa oposición no se llegó a reducir el número de hermanas. Al contrario, a los pocos años su número se incrementó, llegando a ser de treinta.

Nos podemos hacer una idea de la importancia que adquirió en aquellos años la Casa de Beneficencia, junto con el Hospital Provincial, ambos a cargo de las Hermanas de la Consolación, a partir de los datos sobre el consumo anual de carne y pan de estos establecimientos. Así, en la Gaceta de Madrid de 25 de abril de 1868 podemos leer que el consumo anual de carne de carnero era de 10.000 quilos, y en la Gaceta del 18 de diciembre de 1867 se nos informa que las necesidades de pan blanco eran de 7.712 quilos al año y la de pan común de 14.010.

 

Las Hermanas de la Consolación tuvieron que abandonar la Casa de Beneficencia el 18 de agosto de 1936, al comenzar la Guerra Civil (1936-1939).

Terminada la Guerra Civil, las Hermanas de la Consolación vuelven a hacerse cargo con normalidad de la Casa Provincial de Beneficencia. Durante todo este periodo (de 1940 a 1970) la Casa Provincial de Beneficencia a cargo de las Hermanas de la Consolación, llevó a cabo una gran labor social. En este período el número de hermanas llegó a alcanzar el centenar. En la Casa Provincial de Beneficencia funcionó una escuela de sordomudos, lo que constituye un precioso antecedente, ya que desde el año 2009 la Parroquia de San Vicente Ferrer se encarga de la pastoral diocesana de Sordos. El año 1949 la Casa Provincial de Beneficencia pasó oficialmente a denominarse Hogar Provincial San Vicente Ferrer. Posiblemente esta denominación influyera luego en que la nueva Parroquia se denominara San Vicente Ferrer.

En la década de los años 80 del siglo pasado la Diputación decide el cierre de la Casa de Beneficencia, con la demolición de sus instalaciones. Sólo se va a mantener el claustro. Los terrenos ocupados por la Casa de Beneficencia se destinaron a otros fines de tipo educativo y cultural: el conservatorio de música, la escuela de artes y oficios y el museo de arte contemporáneo.

 

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